PRONUNCIAMIENTO
Alerta: La militarización como máquina de producción de cuerpos sacrificables – Patrones de violencia, desaparición y racismo estructural en Ecuador
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha documentado con gravedad extrema que, en el contexto de los estados de excepción y la militarización de la seguridad pública en Ecuador, se han cometido al menos 51 desapariciones forzadas presuntamente por fuerzas del orden entre 2024 y 2025, afectando principalmente a ciudadanos afroecuatorianos en situación de pobreza en Esmeraldas, Guayas y Los Ríos, mientras persiste un alarmante subregistro de casos, obstrucción institucional por parte de las Fuerzas Armadas para entregar información clave, y una sistemática revictimización de mujeres buscadoras que enfrentan amenazas, estigmatización y violencia de género en su lucha por localizar a sus seres queridos.
Frente a las observaciones emitidas expresamos nuestra profunda preocupación por la consolidación de un modelo de seguridad basado en la militarización, cuyos efectos han derivado en graves vulneraciones de derechos humanos y prácticas que evidencian patrones sistemáticos de exclusión, violencia y discriminación.
Denunciamos que estas violencias no afectan de manera homogénea a la población. Por el contrario, se inscriben en estructuras históricas de desigualdad que producen impactos diferenciados y profundizados sobre mujeres, niñas y adolescentes, particularmente aquellas pertenecientes a pueblos afrodescendientes, indígenas y sectores empobrecidos.
Además, el informe revela la existencia de patrones de perfilamiento racial y socioeconómico, que no solo legitima prácticas como la detención arbitraria o el uso excesivo de la fuerza, sino que configura verdaderos regímenes de criminalización de la pobreza, donde la exclusión estructural se convierte en un factor de riesgo que expone a las personas a la violencia estatal.
En este contexto, es necesario advertir que, la configuración de territorios y cuerpos de sacrificio se centra especialmente en zonas costeras y periféricas, donde la militarización, se articula con dinámicas de abandono estatal, precarización y racismo estructural. Estas condiciones incrementan la exposición de mujeres, niñas y adolescentes a múltiples formas de violencia, incluyendo desapariciones, trata, reclutamiento forzado y violencia sexual.
En este sentido, exhortamos al Estado ecuatoriano a:
- Revisar de manera urgente el enfoque de seguridad vigente, avanzando hacia la desmilitarización de la seguridad pública.
- Incorporar de manera transversal un enfoque de género, interseccional e intercultural en todas las políticas de prevención, búsqueda, investigación y reparación.
- Garantizar la protección efectiva de mujeres buscadoras, defensoras de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas, reconociendo su rol y asegurando condiciones seguras para su labor.
- Diseñar e implementar políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia, incluyendo la desigualdad socioeconómica, el racismo estructural y la exclusión territorial.
- Asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral para todas las víctimas, con especial atención a los impactos diferenciados en mujeres, niñas y adolescentes.
Finalmente, reiteramos que la construcción de seguridad no puede sostenerse sobre la producción de cuerpos y territorios sacrificables. Un enfoque verdaderamente democrático exige colocar en el centro la dignidad humana, reconociendo y atendiendo las desigualdades históricas que nos atraviesan.
