Once años después de la aprobación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, y 30 años después de la aprobación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en El Cairo en 1994, en Cartagena, Colombia, se celebró la Quinta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (V-CRPD).
Desde el CEPAM Guayaquil asistimos como parte de la Sociedad Civil, con el propósito de reflexionar sobre los logros, desafíos y atrasos en la implementación de este histórico acuerdo desde una perspectiva feminista, de derechos humanos, de juventudes, antirracista, anticapacitista y de interseccionalidad.
El 2 de julio de 2024, participamos en el Foro de la Sociedad Civil que dio como resultado la Declaración Política del Foro Social Redes, organizaciones y colectivas feministas en la que exponemos la persistente desigualdad que recrudece las violencias y la falta de acceso a derechos. Son inadmisibles las condiciones prevalentes de violencia contra las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas, en toda su diversidad, así como contra las personas con discapacidad, tanto en el ámbito familiar, como en el institucional.
Y el 3 y 4 de julio, asistimos a la Quinta Conferencia de Población y Desarrollo, donde Ecuador expuso la necesidad de fortalecer las inversiones en las juventudes, que son el 37 % de la población de edad media de 29 años. Por otro lado, dijo que a pesar de los avances en la reducción en la fecundidad, el país enfrenta desafíos significativos en la tasa de fecundidad adolescente, cada día 5 niñas y adolescentes menores de 15 años, y 105 adolescentes de 15 a 19 años se convierten en madres, en el caso de las niñas, producto de violación, es una realidad alarmante que requiere de acciones urgentes, como la implementación de la Política Pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo (2024-2030) compuesta por cuatro ejes: prevención, atención, acceso a la justicia y reparación integral, y generación de información, además de todas las acciones necesarias para abordar esta grave problemática, y aportar a los objetivos de desarrollo sostenible.
Sin duda alguna, la V-CRPD nos nutrió de las reflexiones y las posturas políticas de 340 miembrxs de organizaciones de la sociedad civil de toda la región, en donde quedó demostrado que somos las juventudes, las mujeres, las mujeres trans y las disidencias feministas una gran fuerza que no va a parar hasta alcanzar la implementación plena, eficaz, acelerada y con recursos del Consenso de Montevideo que contribuirá de manera significativa al avance y garantía en condiciones de igualdad de los Derechos Humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos.
Queda claro que, es fundamental que los gobiernos reconozcan y respalden nuestro trabajo, garantizando espacios de participación efectiva y protegiendo el derecho a defender derechos, como lo expresa nuestra declaración política.
