La situación económica, política y social de nuestro país demanda medidas para garantizar su estabilidad, sostenibilidad y cumplimiento de todos los derechos de ciudadanas y ciudadanos, sin embargo, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la supresión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que constituye una regresión y una amenaza real para la restitución y reparación integral de las víctimas de violación de sus derechos humanos. La eliminación de esta cartera del estado bajo cuya rectoría estaba el funcionamiento del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como el diseño, ejecución, monitoreo de la implementación de la “Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”, pone en serio riesgo la continuidad y funcionamiento de los 21 Centros de Atención y 5 Casas de Acogida para víctimas de violencia, los cuales han venido funcionando en alianza estado-sociedad civil, desde donde hemos prestado servicios de atención integral y especializada a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género. A través de esta alianza hemos contribuido al cumplimiento de la política pública de atención y prevención a la problemática de la violencia, al ahorro de la inversión del Estado para atender de manera integral los efectos de la violencia de género contra mujeres, niñas niños y adolescentes quienes enfrentan día a día el riesgo de la violencia; en este sentido los Centros de Atención han jugado un rol vital, disminuyendo este riesgo pues ninguna usuaria de nuestros servicios ha sido víctima de Femicidio.
Nuestro aporte y compromiso como Sociedad Civil está vigente y demandamos que el Estado ecuatoriano asuma con total responsabilidad su rol de garante de derechos y de rector de políticas públicas en materia de igualdad de género y derechos humanos, pues aun en nuestro país 6 de cada 10 mujeres vivimos violencia, cada 55 horas muere una mujer víctima de femicidio; 3 niñas son abusadas sexualmente cada día; aún hay niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, pornografía infantil, trata con fines de explotación sexual; aún en nuestro país hay niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual, aún en nuestro país persisten marcadas inequidades en el acceso a trabajo, educación, salud, recreación, protección, brechas que deben ser superadas para reconocernos como un Estado de derechos, libre de violencia y discriminación. El CEPAM-Guayaquil, organización social con 35 años de experiencia trabajando por el derecho a una vida libre de violencia, consideramos que la Rectoría de la Política Pública de igualdad de género y Derechos humanos, sea asumida por una institución especializada, con capacidad de trasverzalizar, dar seguimiento y la evaluación del cumplimiento de esta Política, como es el Consejo Nacional de Igualdad de Género, así como exigimos que el nivel operativo cuente con el flujo de inversiones suficientes y oportunas, pues la violencia de género no da tregua, por lo tanto enfrentarla de manera estructural es un imperativo social y humano.
CEPAM GUAYAQUIL, Septiembre 2018
