¡Por nuestros derechos hoy y siempre!

Desde hace más de 41 años, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres ha puesto en el centro de su trabajo el derecho a una vida libre de violencia y como cada 8 de marzo junto a miles de personas nos tomamos las calles y levantamos nuestra voz con la firme convicción que este acto de rebeldía y resistencia puede catalizar transformaciones significativas en la vida de las niñas, niños, adolescentes y Mujeres, reivindicando nuestros derechos de humanas. 

Es imperativo salir a las calles y denunciar el racismo sistémico, la discriminación, el desmantelamiento y desfinanciamiento de las instituciones públicas, lo cual se refleja en que, sólo en enero de 2025, ocurrieron 781 muertes violentas. A esto se suman las crecientes desapariciones forzadas por parte de fuerzas de seguridad del Estado, el incremento de la violencia sexual, entre otras violencias que nos atraviesan y nos afectan en Ecuador. 

Ecuador es el segundo país de América Latina con más embarazos en adolescentes y una herramienta para prevenirlo es la Educación Integral de la Sexualidad ¿Qué hizo? El Ministerio de Educación retiró los recursos educativos de la plataforma negando a millones de adolescentes el acceso herramientas para prevenir la violencia sexual y tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y proyecto de vida.  

Hasta el momento, no se implementa la Política Pública para la Erradicación de la Violencia Sexual en el Ámbito Educativo ¡Sin educación sexual las infancias y juventudes del país están en riesgo! 

Entre 2014 y mayo de 2020, el Ministerio de Educación registró 4.221 casos de niñas, niños y adolescentes que sufrieron agresiones sexuales dentro de las instituciones educativas.  

Por su parte, entre enero de 2015 y diciembre de 2019, la Fiscalía registró 3.229 denuncias contra docentes, estudiantes, personal administrativo, otros trabajadores del ámbito escolar y conductores de transporte estudiantil. Los docentes fueron señalados como los principales agresores en el 62% de estas denuncias.  

Aproximadamente el 90% de los delitos sexuales afectan a niñas, especialmente aquellas entre 8 y 18 años. Sin embargo, estos datos representan solo la punta del iceberg, pues en un país donde el sistema judicial no garantiza protección ni evita la revictimización ni la impunidad, las víctimas no denuncian, lo que refleja un alto subregistro y la urgente necesidad de implementar medidas efectivas. 

Niñas y mujeres víctimas de violencia sexual que enfrentan un embarazo forzado no acceden a un aborto seguro y de calidad, a pesar de ser un servicio esencial de salud para cuidar su bienestar y salvar sus vidas. 

La eliminación de estas barreras está en manos de la Corte Constitucional ecuatoriana, que después de más de un año no se ha pronunciado sobre la demanda de eliminar el delito de aborto del código penal presentada por el Movimiento Nacional Justa Libertad.  Es urgente que la Corte se pronuncie a favor de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Las múltiples formas de violencia que nos atraviesan extienden sus tentáculos hacia las poblaciones vulnerabilizadas: niñas, niños y adolescentes a quienes se les criminaliza bajo la supuesta “lucha” contra la inseguridad y el crimen organizado. Esta población ha sido históricamente privada de su derecho a la educación, salud y una protección digna en sus barrios y centros educativos. 

¿Qué ha hecho el Estado? En lugar de abordar las causas estructurales de esta problemática, responde con militarización y plantea endurecer las penas, sin una estrategia de seguridad real, solo medidas represivas que profundizan su propio fracaso, y promueve políticas de muerte dejando a miles de jóvenes expuestos al reclutamiento de los grupos de delincuencia organizada. 

Vivimos las consecuencias de un fallido plan de seguridad que ha generado temor, incluso el que debamos cuidarnos de quienes tienen el deber de protegernos. Según un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), desde 2024 los casos registrados suman 27 personas víctimas de desapariciones forzadas – 9 de ellas son menores de edad –, lo que evidencia que la militarización, lejos de brindar seguridad, perpetúa y profundiza las desigualdades económicas, de género y etnia. 

Este contexto expone a mujeres y niñas a múltiples factores de riesgo, ya que refuerza patrones preexistentes de discriminación y violencia contra ellas, los cuales adoptan nuevas dimensiones y características. Como resultado, todas las formas de violencia se exacerban. 

La Alianza Feminista para el Monitoreo de Femi(ni)cidios en Ecuador alerta sobre el incremento histórico de casos de femicidio desde su tipificación en el país. Sólo en enero de 2025, se registró un femicidio cada 16 horas, una cifra escalofriante que evidencia la falta de protección estatal hacia las mujeres y la impunidad que perpetúa esta violencia.  

Estas cifras trascienden la mera estadística; son el reflejo de vidas interrumpidas, familias desgarradas y un sistema que ha fallado en su deber fundamental de garantizar la seguridad y la vida dignidad de las mujeres. Cada número encierra una historia, una lucha y un grito de justicia que resuena en la sociedad. Es imperativo reconocer que detrás de estos datos hay un clamor colectivo por un cambio profundo y estructural. 

Denunciamos el uso del Sistema Judicial como arma de persecución contra quienes se rebelan ante el poder y alzamos la voz contra la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.  Quienes desafían la tiranía y la injusticia enfrentan riesgos enormes, mientras el Estado sigue sin cumplir su obligación de proteger a las mujeres y garantizar justicia. 

Este 8M nos volvemos a tomar las calles y lo hacemos también por Steven, Josué, Nehemías e Ismael, por las niñas y niños víctimas de este Sistema criminal, de violencia sexual, de trata, caminamos por las madres que han perdido a sus hijas en femicidios y que hoy nos faltan con el mismo dolor que las personas desaparecidas. Y finalmente, contra la violencia y el terror impuesta por el paraestado2 que surge de la debilidad institucional del Estado ecuatoriano, que afecta de manera diferenciada a las infancias y mujeres en todas sus expresiones. 

Nunca han tenido ni tendrán la comodidad de nuestro silencio. Hoy y siempre, alzaremos nuestras voces.