El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (CEPAM Guayaquil), el Movimiento Afroecuatoriano Nacional del Ecuador (MANE) y la mesa de Solidaridad por los Cuatro de Guayaquil convocamos a una rueda de prensa el martes 4 de febrero por los siguientes puntos:

1. Ejecución extrajudicial de un niño afroecuatoriano por Policía Nacional, en el sur de la ciudad de Guayaquil, hecho ocurrido el pasado jueves 30 de enero en el sector del Guasmo.
2. Convocatoria de acciones públicas por el cumplimiento del segundo mes de la desaparición forzada y ejecución de Nehemías, Ismael, Steven y Josué.
3. Denuncia de patrones de desaparición forzada ejecutada por Fuerzas Armadas contra población afro y empobrecida: Se hacen públicos 17 nuevos casos de desaparecidos.
4. Alerta de factores de riesgo de violencia de género con énfasis en violencia sexual, para mujeres y niñas en el marco de las operaciones militares.

Alertamos sobre la violencia estructural de género, con énfasis en la violencia sexual que afecta a mujeres y niñas en Ecuador, especialmente a aquellas pertenecientes a grupos étnicos, en el contexto de operativos militares y conflictos internos 

Con el informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que da cuenta que en 2024 se registraron 21 casos de desaparición forzada en el país se corrobora, que la militarización, lejos de garantizar seguridad a las poblaciones en vulnerabilidad, perpetúa y profundiza las desigualdades de género y etnia, exponiendo a las mujeres y niñas a múltiples factores de riesgo, pues se refuerzan patrones de discriminación y violencia contra las mujeres ya existentes que adoptan nuevas dimensiones y patrones distintivos y todas las formas de violencia se exacerban incluidas la violencia sexual. 

Según sostiene la antropóloga Rita Segato y lo dice la historia, en estos escenarios, el cuerpo de las mujeres es considerado un “botín de guerra”, un territorio a someter para reafirmar el poder militar y masculino. En Ecuador, esta realidad se refleja en los índices de violencia sexual reportados por organizaciones de la sociedad civil en zonas con presencia militar, con un impacto desproporcionado en mujeres afrodescendientes. Sin embargo, estas agresiones permanecen en la sombra, ya que muchas víctimas temen denunciar. 

Pues, la impunidad estructural y la falta de acceso a la justicia agravan la situación. Las mujeres encuentran múltiples obstáculos para denunciar, desde la discriminación institucional hasta la falta de confianza en un sistema que históricamente las ha marginado y que se evidencia en el rango de impunidad del 95% ya que, en Ecuador solo se sentenciaron el 4.15% de los casos de violencia sexual denunciados en 2023.  

en Ecuador solo se sentenciaron el 4.15% de los casos de violencia sexual denunciados en 2023

Preguntamos entonces a las autoridades nacionales ¿Qué medidas se han adoptado para evitar que la violencia de género se agudice en los contextos de militarización especialmente el potencial riesgo de ser víctimas de explotación sexual y trata?; ¿qué garantías tienen las víctimas de violencia sexual perpetrada por miembros de las fuerzas armadas para acceder a la justicia?  

Exigimos que el Estado ecuatoriano reconozca y aborde esta violencia estructural y el impacto de la violencia criminal  como Sistema de poder y control en donde los cuerpos de las mujeres y de las disidencias siguen siendo los trofeos de guerra que se toman impunemente como parte de prácticas de violencia disciplinante.  

El Estado en cumplimiento del Mandato Constitucional, debe asegurar la protección prioritaria de mujeres y niñas en contextos de militarización, garantizando su acceso a la justicia, con especial atención a quienes se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad. 

Es imposible no dejar de ver las “esquirlas” o astillas de un país y una sociedad fragmentada por las terribles evidencias de las violencias que a su decir nos alcanzan a todas y todos y nos hieren de múltiples modos. 

No permitiremos que la violencia estructural y criminal y medidas securitistas para enfrentarlas siga cobrando sus víctimas en los cuerpos de las mujeres. Basta ya de la violencia sexual como arma de dominación.