Hoy, 28 de mayo, nos unimos a la campaña “Un Grito Global por la Salud de las Mujeres”, convocada por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, para QUE SE RECONOZCA el derecho a la salud integral de las mujeres.
Exigimos el reconocimiento de este derecho, pues en medio de una pandemia, hemos podido constatar de forma clara las barreras, las discriminaciones y las injusticias que siguen perpetuándose en contra de nuestros derechos humanos más básicos, como es el acceso a la salud integral.
Organismos internacionales como la UNFPA (2020) recomienda a los Estados “la provisión de anticonceptivos modernos de corta y larga duración, información, consejería y servicios relacionados (incluida la anticoncepción de emergencia) puede salvar vidas y deberá estar disponible y ser accesible durante la respuesta a la pandemia de la COVID-19.”
Sin embargo, hemos podido evidenciar que la emergencia sanitaria por COVID-19 en Ecuador ha tenido una repercusión negativa en el ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, acceso que debe ser garantizado pues genera un incremento en las necesidades insatisfechas de planificación familiar, incremento de infecciones de transmisión sexual, un aumento en el número de abortos en condiciones de riesgo, problemas de salud pública que deben recibir atención particular y prioritarios ya que puede salvar vidas.
Vemos también con preocupación, que durante los meses de marzo y abril, según el ECU911, las mujeres gestantes dan a luz en sus casas con ayuda de un familiar, poniendo en peligro la salud de la mujer y del neonato. A nivel nacional, el ECU911, recibe aproximadamente 110 llamadas reportando labores de parto y se ha registrado un aumento del 167% en ese tipo de alertas. El embarazo y el parto seguros dependen de contar con un equipo suficiente de salud capacitado e instalaciones adecuadas para ofrecer atención esencial y de emergencia, todos los días, las 24 horas.
Además, exigimos dar atención de manera oportuna a las mujeres que lleguen con procesos de aborto en curso o con consecuencias de aborto ya realizado, para precautelar su derecho a la vida y garantizar el acceso al aborto terapéutico, siendo la interrupción legal del embarazado una vía que salvaguarda la salud integral (física, mental y social) de las mujeres del país, tal y como se establece en el Código Integral Penal, Art. 150.
Es necesario mencionar que el confinamiento ha expuesta a muchas niñas, adolescentes y mujeres ha estar confinadas con sus agresores. En algunos casos sufren violencia sexual y como producto de éstas violaciónes llevan un emabarazo forzado. Por tanto, recalcamos la de necesidad de despenalizar el aborto por violación, como minimo de justicia social, ante la realidad que atraviesa a mujeres y niñas en el país.
Es urgente INCLUIR LA SALUD Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS COMO PARTE DE LOS SERVICIOS ESENCIALES DE RESPUESTA A COVID-19 y es fundamental reconocer que todas las personas tenemos derecho a ejercer el libre control sobre nuestra sexualidad y reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni violencia.
Lita Martínez Alvarado
Directora Ejecutiva
CEPAM Guayaqui
