Un año desde la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Nehemías, Saúl, Josué y Stiven, uno de los episodios más crueles y dolorosos que ha vivido Guayaquil y el país, un crimen de Estado y un hecho que marcó un antes y un después.
Por eso, estamos aquí porque sus familias no han tenido un solo día de descanso. Y porque este crimen no puede normalizarse ni diluirse en el clima de violencias que atravesamos.
Desde el centro especializado de atención del CEPAM Guayaquil hemos acompañado terapéuticamente a las familias durante este año. Lo que hemos visto no es solo duelo: es un trauma social y político.
- Las madres y familias viven con miedo permanente, con la sensación de que el Estado que debía protegerlas se convirtió en una amenaza para sus hijos.
- La pérdida de sus niños ha fracturado sus proyectos de vida, ha afectado su salud física y mental, su estabilidad económica y su confianza en las instituciones.
- El impacto en las hermanas, hermanos y adolescentes del entorno es profundo, porque entienden que su vida puede ser descartada sin explicación y sin justicia.
Las familias de los 4 niños de las Malvinas han sido revictimizadas con ataques racistas, llenos de estigmatización, criminalización temprana, de sospecha sobre su dignidad y lo peor, desprotección por parte del Estado.
La ejecución extrajudicial de Nehemías, Stiven, Saúl y Josué expuso la fragilidad extrema en la que viven miles de niñas, niños y adolescentes en Ecuador. Este caso reveló que:
- La vida de la juventud racializada, empobrecida y periférica es tratada como desechable.
- La violencia estatal se suma a la violencia criminal, transformando barrios enteros en territorios donde no existe la garantía de derechos.
- El discurso de “mano dura” ha legitimado prácticas que ponen en riesgo a quienes más necesitan protección, especialmente a niñeces y adolescencias.
Seguiremos acompañando, denunciando y articulando acciones para que este crimen no quede en la impunidad y para que nunca más en Ecuador una madre tenga que enterrar a un hijo asesinado por quienes debían protegerlo.
Por eso es necesaria una mirada de justicia feminista, que reconozca que en este caso, las violencias no se distribuyen de manera neutral, recaen con más fuerza sobre mujeres cuidadoras y sobre familias empobrecidas, racializadas y abandonadas por un Estado que históricamente ha ignorado sus vidas y sus barrios.
Desde el CEPAM Guayaquil, reafirmamos que acompañar a las familias es también exigir justicia, verdad y reparación integral. Ninguna política de seguridad puede justificarse si tolera ejecuciones extrajudiciales de niños. Ninguna democracia puede sostenerse si normaliza que ciertas infancias valen menos.
Hoy, a un año, decimos con fuerza, sus vidas importaban, sus sueños importaban, sus familias importan.
– Lita Martínez Alvarado
Directora Ejecutiva del CEPAM-G
2025
